En este país se cometen a veces verdaderas barbaridades legales. Da la
impresión de que nuestros representantes políticos viven en un mundo ilusorio,
fuera de la realidad y de todo contacto con los problemas de los ciudadanos.
Cabe citar como ejemplos dos de ellas, a saber, una la reforma de la ley de
Derecho Civil de Galicia, que en una disposición adicional y de un plumazo,
convertía en matrimonio a dos personas que convivieran en un mismo domicilio
durante un año. Yo escribí entonces un artículo titulado algo así como “el
matrimonio a la fuerza”. La cosa sólo cabía calificarla de disparatada, pues la
más elemental de las lógicas nos lleva a pensar que si una pareja quiere
casarse, pues ya lo hará y si no quiere, no hay Dios que le pueda obligar.
Vamos, que esa tontería jurídica no se le podía ocurrir ni a Stalin o a Hitler
en sus peores momentos de paranoia legislativa. Naturalmente, pronto hubo
alguien con sentido común y se decidió crear el Registro de Parejas de hecho
dependiente de la Xunta de Galicia y que la inscripción sea voluntaria, pues
faltaría más. De todas formas, otro día hablaremos de este importante asunto de
las parejas de hecho en España y la carencia de una Ley única, que evite que
este reinado de taifas en que se ha convertido la piel de toro, acabe
volviéndonos locos a todos y los primeros a los juristas que tenemos que lidiar
con tanto despropósito legal como pulula por el país.
La otra grave
barbaridad de la democracia española, es la famosa Ley de Costas de 1988, que
supuso de facto la expropiación de miles y miles de propiedades, viviendas,
hoteles, restaurantes, negocios en general y…chiringuitos.
De pronto, toda la
gente que había construido o comprado de buena fe, al amparo de una legislación
anterior, se convirtió, por arte de birlibirloque, en concesionaria, o vio
venir la piqueta, que ya ha actuado en numerosas ocasiones.
España es un país con
miles de kilómetros de costa y es cierto que está bien que se proteja, pero eso
de aplicar una Ley como esta con carácter retroactivo, además de estar feo, de
atentar directamente contra el derecho de propiedad, uno de los fundamentales
reconocidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, es una auténtica estupidez política.
Todos estaremos de
acuerdo, pienso, en que el turismo es uno de los principales motores de nuestra
economía. En los tiempos en que se encuentra tan maltrecha, los turistas son en
realidad nuestro oro negro, nuestro petróleo, el único sector que aguanta la
tempestad financiera y económica que estamos sufriendo. Así, es claro que hay
que mimar a este importante recurso para nuestros empobrecidos bolsillos,
machacados sobre todo por la crisis del ladrillo.
En nuestras costas han
venido a vivir y siguen viviendo afortunadamente, muchos ciudadanos de otros
países, que lo que buscan sobre todo es nuestro sol, nuestras playas y nuestro
mar. O sea, que les gusta vivir en la costa. Pues bueno, todavía hay que estar
explicándole a cualquier de los que han comprado alguna vivienda al lado del
mar, dentro de las fatídicas zonas protegidas por la ley, que aunque llegaron,
vieron, compraron y pagaron, con asesoramiento de abogados, notarios y
registradores, pues todo eso no vale para nada y no son dueños sino
concesionarios. O sea que los hemos convertido de la noche a la mañana en
ocupas. Y que en muchos casos les van a tirar abajo su casa. Pues aun no se les
ha quitado la cara de asombro, eso que ya hace años del invento de la Ley de
Costas.
Desde entonces hasta
ahora, las peleas legales ante los Tribunales acumulan montañas de papeles, el
estado manteniendo erre que erre su malévola Ley y los propietarios
defendiéndose como gato panza arriba.
El resultado es que
sólo se han producido problemas, tragedias personales y enormes gastos en
largos y complicados procesos judiciales. La costa sigue estando prácticamente
como estaba en el año 1988, cuando salió la ley, con miles de propietarios
estresados, pendientes de que les tiren sus casas o pensando que este es un país
de locos en el cual no piensa invertir ni un euro más.
Entre la variada
casuística que ha producido esta Ley, querría pararme en el tema de los
chiringuitos. Udes se acuerdan de la Ley de Carreteras y sus enormes y también
absurdas limitaciones de la publicidad? Se acuerdan de que al final el toro de
Orborne fue indultado y se modificó la norma en ese sentido?. Bueno, pues a los
gobernantes, sean del ejecutivo o del legislativo que se metieron con esta
verdadera institución de nuestras playas, habría que prohibirles, a ellos y sus
familias directas al menos, que frecuentasen ninguno en ninguna parte. A ver
qué les parecía. Precisamente uno de los placeres y atractivos mayores de
nuestras playas son esta clase de establecimientos, que nos permiten tomar una
caña o una sangría o degustar unas gambas justo al lado del mar… en fin, otra
buena muestra de estupidez hispana, meterse con los chiringuitos.
Pero parece que la
cordura va llegando con las vacas flacas. El gobierno anuncia por fin una nueva
regulación de la materia, con cosas tan sensatas como reducir las distancias de
la zona de servidumbre de la costa, alargar las concesiones a unos periodos
razonables, salvar de la quema a importantes marinas y una medida de lo más
inteligente, como es permitir que los propietarios (perdón concesionarios) de los
inmuebles afectados que han comprado o construido, puedan negociar con ellas. Rajoy
y los suyos acaban de descubrir la pólvora con estas medidas, que bienvenidas
sean y que se resumen, como en otros muchos temas, en un simple y conocido
aforismo: “vive y deja vivir”. Salud.
