LOS EMBARGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Según la noticia, la deuda del colegio Santa Illa de Madrid con la Seguridad Social, que asciende 992.263 euros desde hace 20 años, comenzó a acumularse en 1991. Este dato merece varias consideraciones. La primera afecta a la manifiesta incompetencia de los responsables de la agencia ejecutiva, para cobrar esta deuda, o bien tomar las medidas oportunas para que este centro se hubiera cerrado hace años o, mucho mejor, hubiera cambiado de manos, para otro empresario que cumpla con sus obligaciones. Porque según parece, y por ejemplo, el colegio paga puntualmente sus salarios, pero no su seguridad social. No se puede admitir que una deuda tan importante se perpetue y se incremente en el tiempo.

La medida adoptada de embargar los muebles, los pupitres y hasta las papeleras es ciertamente ridícula y, si cabe, hasta ilegal, porque la ley establece que no se pueden embargar objetos cuyo valor sea mínimo o no vaya a cubrir ni los gastos del proceso y Udes. me contarán como piensan los señores de esa agencia ejecutiva que van a cobrar subastando unos muebles, cuyo valor en el mercado será….de poco más de cero euros. Es decir, quién quiere en estos tiempos mesas, pizarras, pupitres…o papeleras. No van a sacar ni para pagar los gastos del personal que ha retirado los bienes muebles o su almacenamiento.

Naturalmente, que la medida está tomada con toda la intención de presionar a la empresa e incluso de hacerla cerrar, aunque lo que han conseguido los embargadores es hacer el más completo ridículo, sobre todo porque los efectos de la desafortunada medida han recaido sobre víctimas inocentes, o sea, lo niños que estaban recibiendo clase y cuyos padres pagan por ello.

Es cierto que la seguridad social suele actuar de esta manera en casos incobrables, con la idea de presionar o de poner fin a la actividad al privar de los medios directos de trabajo a una empresa. Pero en este caso han metido la pata hasta el cuezo. No cabe mayor torpeza que irrumpir en un colegio en horas lectivas, a llevarse unos muebles y enseres que no valen nada o al menos no pueden cubrir la deuda ni de lejos, asustando a los niños. Y mayor ridículo todavía es el de que han tenido que dar marcha atrás y devolver todo lo que se llevaron, porque al trascender el asunto a la prensa, desde arriba supongo que los habrán puesto verdes.

Naturamente que cuando han recurrido a estos métodos tan expeditivos es porque han agotado todos los medios recaudatorios a su alcance y el dueño del colegio ya los ha tomado a pitorreo, pues parece evidente que se las sabe todas, cuando consigue seguir funcionando sin pagar tan cuantiosa deuda durante tantos años. A grandes males, grandes remedios. Una solución pasaría por embargar la empresa y nombrar un administrador judicial o bien solicitar el concurso necesario de la misma. A lo mejor los señores de la agencia ejecutiva de la seguridad social se encontrarían hasta con la sorpresa de que el colegio es rentable para su actual propietario, sobre todo si se evita coste tan importante como pagar la seguridad social. Pero nuestra administración no está por esa labor, que es dura y complicada. Es más fácil mandar oficios a los bancos para embargar cuentas, o embargar inmuebles o vehículos, muchos de los cuales, por cierto, no se llegan a realizar nunca.

En fin, cosas veredes, que diría Sancho, pero si siguen con su torpeza de querer sacar a subasta unos muebles que no valen nada (sería curioso seguir el expediente de ejecución y ver la valoración pericial de lo embargado), puede ocurrir que aparezca alguien a pujar y puede ocurrir, ya lo estoy viendo, que los dichosos muebles no se muevan nunca del sitio, aunque cambien de propietario y queden así blindados ante posibles torpezas futuras como la cometida ahora, Udes ya me entienden.

Y el dueño del colegio podrá seguir con toda su cara, sin pagar la seguridad social y riéndose del procedimiento de apremio y seguramente ganando dinero encima.

Una buena solución para este y otros casos parecidos, sería que la administración pudiera vender sus créditos a particulares, con todos los privilegios legales que llevan consigo, auque tuviera que hacer una quita importante. Hay que pensar que gran parte de muchas deudas tributarias son puros intereses y recargos o multas. De esta manera se conseguiría liquidez y se ahorrarían costes de personal. Y que el particular se las apañe para cobrar, que seguro espabila más que la recaudación oficial, por la cuenta que le tendría.

En este camino ya andamos, cuando se anuncia por el Gobierno que se van a cancelar las deudas de los ayuntamientos y otras administraciones a los proveedores, en base a pactos de quita, o sea de pagar menos, pero pagar algo. Soluciones a la griega que se imponen en estos tiempos de enorme falta de liquidez en las empresas. Es una buena forma de sanear la deuda pública con sus acreedores privados y de evitar que muchas empresas se vayan al tacho porque no les paga el Ayuntamiento de turno y de paso, evitar más destrucción de empleo. O sea, bien para todos.

Y al genio que ordenó quitarle los pupitres a los niños, habría que meterlo a la cárcel de papel, aquella de la Codorniz,si se acuerdan, porque el tipo es bien burro.

PARA GARZON, SIN ACRITUD

Ahora que se está juzgado al Juez Garzón por la causa que llamaríamos de la memoria histórica, me permito recordar mi artículo de hace poco más de un año, titulado “GARZON Y ROBESPIERRE”, ahí va, para los que no lo leyeran, y quiero hacer constar que le deseo suerte en este proceso, pero que si le absuelven y vuelve a la carrera judicial, al menos la pena de banquillo debería de servir para que en lo sucesivo modere un poco sus impulsos procesales y se de cuenta de que no es sino un servidor del pueblo como otro cualquiera y que ser juez no tiene nada que ver con ser justiciero:

“Las cosas de la justicia son a menudo curiosas e incomprensibles para la gente no versada en el tema. Nos encontramos al Juez Garzón, al inefable y famoso juez, en vísperas de ser acusado del delito de prevaricación, es decir, de dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es. Se trata del asunto de la causa general contra el franquismo y la apertura de las fosas comunes. Lo más chocante de todo este asunto es que el magistrado del Supremo que lo ha empapelado es Luciano Varela, al que conocemos bien por estos pagos, buen juez, pero famoso por su rigidez y mala uva. Inefable también el detalle de que la resolución de D. Luciano, que supone prácticamente la apertura de juicio oral contra su compañero, ha sido la consecuencia de querellas presentadas por organizaciones de la ultra derecha. Si a esto añadimos que Varela es de jueces para la democracia, asociación progresista y es de suponer que hasta aquí amigo o buen compañero de Garzón, tenemos un cóctel realmente explosivo.

Robespierre fue el líder supremo e incontestable de los llamados jacobinos durante los tiempos más duros de la Revolución francesa y dado que era la pureza y la virtud revolucionaria con peluca, se dedicó a mandar a la guillotina a los enemigos de la causa y también a muchos amigos, que a él se le antojaba no tenía el grado de pureza necesario para liderar a las masas en la “liberté, egalité, legalité, fraternité y otras tes”. Entre otros, cayó el también purista Dantón…

Visto lo visto y que el bueno de Robespierre llevaba camino de no dejar a nadie indemne, sus propios correligionarios, en un ejercicio legítimo de autodefensa, decidieron que o lo quitaban de en medio o los próximos iban a ser ellos. Y el jacobino russoniano acabó en las fauces de la cruel máquina de matar, es de suponer que con el aplauso del público que contemplaba el espectáculo y le daba igual de qué cuello se tratara, con tal de pasarlo bien con tan macabra diversión.

Pues bien, guardando las distancias y con el debido respeto para el Sr. Magistrado, Garzón ha sido nuestro particular Robespierre democrático. Su guillotina, los autos de procesamiento, las redadas, los comisos y secuestros de bienes de supuestos maleantes, las órdenes radicales en cualquier sentido dentro de las que contempla la ley y otras muchas que a nadie se le habían ocurrido antes que a él.

Es verdad que tiene en su haber actuaciones bien valiosas y valientes contra terroristas, narcos, mafiosos y otras gentuzas que pululan por nuestra piel de toro. También y esto ya es más discutible desde mi punto de vista, ha sido el adalid, el guerrero implacable y avanzado de la cruzada española contra el mal. De eso que se ha dado en llamar jurisdicción universal y que no es sino un voluntarismo quijotesco, que nos has costado a los españoles dinero y disgustos diplomáticos por doquier.

Pero no lo es menos tampoco, que, con todo el poder que el Estado le ha dado al Sr. Garzón y el que se ha tomado él mismo por su cuenta a base de alquimia procesal y voluntarismo judicial, este magistrado no está para dictar sentencias, sino para tramitar causas. Y aunque la instrucción de un sumario es la base del posterior juicio, no cabe olvidar que lo importante realmente en todo juicio sea penal o civil, es el resultado final, o sea, la sentencia. Y visto bajo ese prisma, los fiascos del magistrado Garzón han sido bien abundantes y notorios. Y todos hemos podido ver con estupor cómo los casos iniciados con actuaciones tipo “hombres de Harrilson”, con medidas espectaculares por lo radical y lo fulminante, se han desinflado a lo largo de la instrucción y se han quedado en poco o nada en el juicio y en la sentencia última. En muchos casos, ni siquiera han llegado a juicio.

Y aquí es donde está la similitud entre el caso del revolucionario jacobino y nuestro Robespierre democrático. El Sr. Garzón ha querido en algunos hacerlo él todo, como si le sobrara para arreglar el país, el resto de los poderes democráticos. El no necesita más Ley de enjuiciamiento Criminal, que la vetusta del siglo XIX con la que nos valemos los juristas españoles. Tampoco necesita de mucho auxilio del ejecutivo que, desde luego, ha tenido siempre de su mano, porque cuando pone en marcha una de sus sensacionales redadas, aparecen aviones, helicópteros y tanques si falta hiciera.

Hace tiempo, cuando Garzón comenzó aceptando la querella para investigar los crímenes de la dictadura franquista, yo ya escribí que eso le iba pasar una factura bien alta, porque en un tema tan importante y delicado como este, sólo hay un juez que puede tomar medidas e iniciar una causa general contra el régimen de Franco. Y ese es el pueblo español, es decir, el Parlamento, que es quien lo representa. Y las fuerzas de izquierda que han metido al juez Garzón en el callejón sin salida en que ahora se encuentra, no tienen representación popular suficiente para hacer lo que han hecho. Le han dado entre todos a la extrema derecha (y a los terroristas vascos también por cierto) una oportunidad de oro para librarse de un juez que les molestaba particularmente.

Y en cuanto a la actuación de Luciano Varela, decir que éste se ha limitado a aplicar la ley y es que ningún juez, sea Garzón o cualquier otro, puede iniciar la instrucción de una causa, sabiendo perfectamente que no es competente para ello y que, después de toda la polvareda que aquello iba a levantar, cosa que también sabía este hombre, acabaría declarándose incompetente y archivándola o espallando los muertos a cada Juzgado donde fueron asesinados.

Queridos amigos de la izquierda, en democracia y sobre todo en el mundo del derecho, el fin no justifica los medios e incluso, según sean estos, pueden llegar a escarallar una buena causa y conseguir que Robespierre acabe en la guillotina, que es lo que va a pasar”.