LOS EMBARGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Según la noticia, la deuda del colegio Santa Illa de Madrid con la Seguridad Social, que asciende 992.263 euros desde hace 20 años, comenzó a acumularse en 1991. Este dato merece varias consideraciones. La primera afecta a la manifiesta incompetencia de los responsables de la agencia ejecutiva, para cobrar esta deuda, o bien tomar las medidas oportunas para que este centro se hubiera cerrado hace años o, mucho mejor, hubiera cambiado de manos, para otro empresario que cumpla con sus obligaciones. Porque según parece, y por ejemplo, el colegio paga puntualmente sus salarios, pero no su seguridad social. No se puede admitir que una deuda tan importante se perpetue y se incremente en el tiempo.

La medida adoptada de embargar los muebles, los pupitres y hasta las papeleras es ciertamente ridícula y, si cabe, hasta ilegal, porque la ley establece que no se pueden embargar objetos cuyo valor sea mínimo o no vaya a cubrir ni los gastos del proceso y Udes. me contarán como piensan los señores de esa agencia ejecutiva que van a cobrar subastando unos muebles, cuyo valor en el mercado será….de poco más de cero euros. Es decir, quién quiere en estos tiempos mesas, pizarras, pupitres…o papeleras. No van a sacar ni para pagar los gastos del personal que ha retirado los bienes muebles o su almacenamiento.

Naturalmente, que la medida está tomada con toda la intención de presionar a la empresa e incluso de hacerla cerrar, aunque lo que han conseguido los embargadores es hacer el más completo ridículo, sobre todo porque los efectos de la desafortunada medida han recaido sobre víctimas inocentes, o sea, lo niños que estaban recibiendo clase y cuyos padres pagan por ello.

Es cierto que la seguridad social suele actuar de esta manera en casos incobrables, con la idea de presionar o de poner fin a la actividad al privar de los medios directos de trabajo a una empresa. Pero en este caso han metido la pata hasta el cuezo. No cabe mayor torpeza que irrumpir en un colegio en horas lectivas, a llevarse unos muebles y enseres que no valen nada o al menos no pueden cubrir la deuda ni de lejos, asustando a los niños. Y mayor ridículo todavía es el de que han tenido que dar marcha atrás y devolver todo lo que se llevaron, porque al trascender el asunto a la prensa, desde arriba supongo que los habrán puesto verdes.

Naturamente que cuando han recurrido a estos métodos tan expeditivos es porque han agotado todos los medios recaudatorios a su alcance y el dueño del colegio ya los ha tomado a pitorreo, pues parece evidente que se las sabe todas, cuando consigue seguir funcionando sin pagar tan cuantiosa deuda durante tantos años. A grandes males, grandes remedios. Una solución pasaría por embargar la empresa y nombrar un administrador judicial o bien solicitar el concurso necesario de la misma. A lo mejor los señores de la agencia ejecutiva de la seguridad social se encontrarían hasta con la sorpresa de que el colegio es rentable para su actual propietario, sobre todo si se evita coste tan importante como pagar la seguridad social. Pero nuestra administración no está por esa labor, que es dura y complicada. Es más fácil mandar oficios a los bancos para embargar cuentas, o embargar inmuebles o vehículos, muchos de los cuales, por cierto, no se llegan a realizar nunca.

En fin, cosas veredes, que diría Sancho, pero si siguen con su torpeza de querer sacar a subasta unos muebles que no valen nada (sería curioso seguir el expediente de ejecución y ver la valoración pericial de lo embargado), puede ocurrir que aparezca alguien a pujar y puede ocurrir, ya lo estoy viendo, que los dichosos muebles no se muevan nunca del sitio, aunque cambien de propietario y queden así blindados ante posibles torpezas futuras como la cometida ahora, Udes ya me entienden.

Y el dueño del colegio podrá seguir con toda su cara, sin pagar la seguridad social y riéndose del procedimiento de apremio y seguramente ganando dinero encima.

Una buena solución para este y otros casos parecidos, sería que la administración pudiera vender sus créditos a particulares, con todos los privilegios legales que llevan consigo, auque tuviera que hacer una quita importante. Hay que pensar que gran parte de muchas deudas tributarias son puros intereses y recargos o multas. De esta manera se conseguiría liquidez y se ahorrarían costes de personal. Y que el particular se las apañe para cobrar, que seguro espabila más que la recaudación oficial, por la cuenta que le tendría.

En este camino ya andamos, cuando se anuncia por el Gobierno que se van a cancelar las deudas de los ayuntamientos y otras administraciones a los proveedores, en base a pactos de quita, o sea de pagar menos, pero pagar algo. Soluciones a la griega que se imponen en estos tiempos de enorme falta de liquidez en las empresas. Es una buena forma de sanear la deuda pública con sus acreedores privados y de evitar que muchas empresas se vayan al tacho porque no les paga el Ayuntamiento de turno y de paso, evitar más destrucción de empleo. O sea, bien para todos.

Y al genio que ordenó quitarle los pupitres a los niños, habría que meterlo a la cárcel de papel, aquella de la Codorniz,si se acuerdan, porque el tipo es bien burro.