La sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de 14 de marzo del 2013, ha caído como una bomba en la realidad judicial española. Afecta sobre todo a los procedimientos hipotecarios, los que están en marcha y los que se han consumado con el lanzamiento de los deudores de sus viviendas y los que se puedan poner en marcha en el futuro.
Nuestro juicio hipotecario, regulado
por una Ley muy antigua, ha fomentado, es cierto, el crédito abundante
y barato, lo que ha producido por un lado riqueza y muchos puestos de trabajo
en la construcción, pero también ha sido el causante directo de la burbuja
inmobiliaria, que ha estallado con el enorme perjuicio de millones de parados.
Consecuencia directa asimismo, ha sido la tramitación de miles de juicios hipotecarios,
con sus secuelas de subasta del bien gravado y posterior lanzamiento de sus
propietario u ocupantes.
El proceso para ejecutar una hipoteca
es de los llamados sumarios, porque sus trámites son muy reducidos
(presentación de la demanda, requerimiento de pago, certificado de cargas y
señalamiento de subasta. Por último lanzamiento y toma de posesión por parte
del ejecutante). Se caracteriza porque las posibilidades de ejecución, son
prácticamente nulas, a salvo un error en las cuentas poco frecuente o el
ejercicio de una acción penal, único caso en que es posible paralizar el
juicio.
Pues bien, durante muchos años, nadie
ha protestado porque se ejecuten las hipotecas de esta manera. Pero la cosa ha
cambiado radicalmente cuando se ha convertido en un grave problema social, con
miles y miles de desahucios por todo el país.
Lo primero que hay que decir es que la
más grave y primera responsabilidad de la situación creada, recae precisamente
en las entidades bancarias y no hablo de las españolas, que también, si no de
las americanas, con sus segunda o terceras hipotecas, las subprime o basura,
que se convirtieron en valores al portador, incorporándose a las bolsas del
mundo y a los fondos de inversión, por ejemplo. Valores respaldados falsamente
por una garantía real.
Cierto que los bancos españoles nunca
han concedido, salvo casos excepcionales, más que la primera hipoteca sobre un
inmueble y no menos cierto que se han cubierto bien las espaldas afianzando la
operación con la garantía personal del dueño de la casa y aun el aval de
terceras personas. Pero su pecado ha estado en las valoraciones excesivas, en
la concesión del cien por cien del valor y en aprobar operaciones de personas
que claramente se veía no podrían pagar la cuota mensual a poco que vinieran
mal dadas.
Y vinieron, claro, y los bancos se
pusieron a ejecutar como locos y lo siguen haciendo, sin tener en cuenta el
grave problema social que iban a generar. Pero los bancos, a pesar de lo que
pueda parecer, no son intocables, ni están fuera del sistema y están sometidos
también al Boletín Oficial del Estado y a las presiones de la sociedad en la
que viven y trabajan.
Así, lo que era un procedimiento
socialmente aceptado, se convirtió en uno de los males sociales más destacados
y graves del momento. Se crearon asociaciones de afectados, hubo resistencia a
los desalojos y peleas con la policía, rebeldía y protestas por parte de
diversos estamentos de la sociedad, desde los mismos jueces a los bomberos o
los cerrajeros.
Consecuencia de este caldo de cultivo,
se empezó a cuestionar el manido juicio hipotecario y la gente se empezó a criticar la actuación de los bancos, que pedían y obtenían ayudas por todas
partes, pero se mostraban inflexibles a la hora de aplicar sus contratos
hipotecarios.
Y empezaron a surgir reclamaciones
contra las condiciones de estos contratos, el usurario interés de mora (no cabe
calificar de otra manera tipos de hasta el 30 %), las clausulas suelo, la
nulidad de muchos procesos hipotecarios tramitados de aquella manera, sin
notificación personal alguna a los deudores, la aplicación de valoraciones
ínfimas, quedando los deudores debiendo cantidades que suponen la mitad o más
de la deuda a pesar de haber perdido la vivienda…
Y algunos jueces y tribunales
comenzaron a dar la razón a los que reclamaban. Personalmente le he ganado un
juicio a un banco que reclamaba a mi cliente una deuda de hace 20 años. El
crédito era de 10.000 euros y la demanda veía por más de 200.000 euros. Claro,
aplicando los bestiales intereses de demora… el juez estimó mis razones y
redujo la deuda a 30.000 euros y los intereses de mora los dejó al tipo que
establece la Ley de créditos al consumo, o sea, sobre el 12 %. El banco no
recurrió.
Pues bien, estamos en siglo XXI, y
tenemos desde hace más de veinte años una legislación que protege al consumidor
y castiga con la nulidad de pleno derecho las clausulas abusivas. Y las
escrituras de hipoteca están llenas de ellas, sin que el cliente haya podido
rechazarlas y muy a menudo ni leerlas. Pero en el proceso hipotecario no se
puede o no se podía hacer valer estos derechos.
Es por ello que ahora el Tribunal
europeo de Luxemburgo a instancias de un juez, de un buen juez, declara que
nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria no se ajusta a las leyes
europeas y que en su seno se debe de poder alegar la nulidad de parte o todo el
contrato de hipoteca, pidiendo y obteniendo la paralización del proceso en
tanto no se resuelva sobre lo pedido al respecto.
Lo que no se entiende, o se entiende
demasiado, es porque los sucesivos gobiernos de España, a la vista de las
injusticias y los abusos que se estaban cometiendo por parte de los bancos, no
tomaron cartas en el asunto y legislaron con valentía a favor de los
ciudadanos. Porque la Directiva europea es ¡¡¡de 1993!!!.
Ha habido que esperar a que la gente
salga a la calle, a que se proteste a todos los niveles, a que haya hasta
suicidios, a que un Tribunal europeo les saque los colores a nuestros gobernantes, para que se decidan
ahora legislar a toda prisa lo que era de sentido común. Esto refleja la
realidad de lo que se dice a menudo respecto el aislamiento de nuestro
políticos de la realidad de la calle. Y del miedo al poder financiero de los
bancos que, en realidad, son tigres de papel, como diría Mao, porque el poder,
el verdadero poder, lo debe de tener el pueblo. No lo olvidemos.
