A VUELTAS CON LA MARIJUANA

Pues ahora están floreciendo como sus plantas las asociaciones cannábicas, cuya finalidad es conseguir el consumo regulado de marihuana y hachís, de forma que tales cultivos no sean considerados ilegales y caigan de lleno en delito contra la salud pública, con las evidentes consecuencias penales contra las personas responsables de los mismos.

Como es sabido, en España, el Código Penal castiga el tráfico de drogas, (artículo 368 y siguientes) distinguiendo en cuanto a las penas a imponer entre las que causan grave daño a la salud y las que causan menos. Entre las primeras se encuentran, como más conocidas, la cocaína, la heroína o el LSD y otras menos divulgadas, como el MDMA (éxtasis). Las otras, fundamentalmente los derivados del cannabis, como la marihuana y el hachís.

Por otra parte, la Ley de Seguridad Ciudadana (la apodada en su día Ley Corcuera) considera infracción grave a la seguridad ciudadana (artículo 25) el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.

Pues bien, en este país el consumo propio de drogas nunca ha sido castigado penalmente ni administrativamente, en este caso hasta la referida Ley de Seguridad Ciudadana, en el año 1992. Las sentencias de los Tribunales en tal sentido son numerosas, habiendo establecido la jurisprudencia, a falta de criterios legales definidos, las cantidades orientativas a partir de las cuales se ha entendido que existe un delito de tráfico de drogas.

Y llegados a este punto, aprovechando este pequeño resquicio legal, los numerosos consumidores de los derivados del cannabis comienzan a organizarse y buscar la manera de cultivar y consumir, tratando de esquivar así la posible acción penal que les amenaza constantemente y además huir del mercado negro y sus elevados precios. Se trata de clubes privados que gestionan plantaciones colectivas de cannabis para producir la marihuana y el hachís que consumirán sus socios, que son quienes pagan la actividad a través de las cuotas.

Momento importante de inflexión en este asunto de los clubs o asociaciones cannábicas fue el caso de la asociación bilbaína Pannagh. En 2007, la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que el cultivo colectivo que les fue incautado en 2005 era legal y obligó a la policía a devolver los 17 kilos que quedaban de la marihuana.

En la actualidad, las asociaciones procanábicas en España pasan del centenar, existe una Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) y en suma un nuevo tipo de movimiento social con todo lo que ello supone de actuaciones públicas y privadas, manifestaciones, actos públicos, incluyendo el “dia de San Canuto”, que se celebra en algunas poblaciones españolas.

Según mi opinión este tipo de acciones forma parte y es la avanzadilla de un movimiento social a favor de la despenalización de las drogas. Tema este arduo y nada pacífico. Uno se pregunta si a continuación de los grupos organizados de consumo de marihuana y hachís, pueden empezar otros colectivos (o los mismos, porque que yo sepa, no es incompatible el consumo de drogas blandas y duras y a menudo de una se pasa a la otra o a las dos, además de fumar tabaco y beber alcohol) a fundar nuevas asociaciones que se pongan a cultivar coca u opio, siempre con el mismo esquema de funcionamiento que pretenda en todo caso demostrar a las autoridades que se trata de casos de autoconsumo, que no es punible.

Por ahí pueden ir los tiros. La cuestión ya fue planteada en su día por Izquierda Unida en el parlamento español, siendo rechazada la proposición de ley por los dos partidos mayoritario que, no lo olvidemos, son los que en realidad mandan políticamente en este país, pues tienen votos suficientes incluso para modificar la Constitución.

Si me lo permiten, yo daría un consejo legal a todas estas asociaciones. Que actúen de la forma más correcta y sobre todo discreta, sin montar demasiado follón ni buscar notoriedad. En ese sentido la noticia de que el gobierno de Patxi López está estudiando una normativa que regulará estos clubes de consumidores, que producen y distribuyen marihuana entre sus socios, me parece que podría originar una reacción del partido en el poder y del gobierno español en suma que, no olvidemos, tiene mayoría parlamentaria absoluta. Y ello porque, de legislar en tal sentido, fácilmente podría estar invadiendo competencias estatales, que exigirían la modificación del Código Penal y de la citada ley de Seguridad Ciudadana.

No creo que el Partido Popular esté por la labor de fomentar o facilitar el consumo de drogas, sean estas duras o blandas y, por tanto, es mejor no molestar a la bicha, porque le resultaría muy fácil modificar el código penal, pero en sentido contrario al pretendido por los partidarios de la despenalización, con lo cual se podrían cargar todas estas asociaciones que, por el momento, parece que están funcionando a satisfacción de sus socios.