LA PENA DE PASEILLO

Los juristas llamamos “pena de banquillo”, al hecho de tener que sentarse como acusado en un juicio, incluso aunque haya pocas pruebas y se vislumbre una absolución.

El procedimiento penal común contempla lo que se llama el auto de procesamiento, a partir del cual el acusado ostenta tal carácter y supone la preparación del juicio, es decir, del momento en que se va a sentar en el banquillo. El referido auto tenía la virtualidad de que existía (y existe para los delitos más graves), la posibilidad de recurrirlo ante la Audiencia Provincial, con lo cual el Tribunal superior podía hacer una estimación de si existían o no indicios racionales suficientes como para pasar a la fase de juicio oral.

Todo esto desaparece con el llamado procedimiento abreviado, cuyo antecedente, el procedimiento de urgencia, fue eliminado de un plumazo por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque era el mismo Juez el que instruia y fallaba el caso.

Así las cosas, en el juicio a que me refiero, que es el que se emplea hoy en día en la mayoría de las causas penales, la apertura del juicio oral, decretada por auto, es irrecurrible, y antes incluso de que califique el Ministerio Fiscal o la acusación particular, uno ya se ve sentado en el banquillo, sin posibilidad alguna de discutir si procede o no tal medida.

A la citada pena de banquillo, se une ahora, la pena de “paseillo esposado por la policía ante la televisión”. El sow está listo. Personaje conocido públicamente es detenido y conducido esposado por las fuerzas del orden, como si de un delincuente peligroso se tratara, existiera riesgo de que agrediera a los agentes que lo conducen o se fuera a escapar como si fuera el Lute.

Que somos un país de exagerados lo sabe cualquier observador imparcial de nuestra realidad social. El movimiento pendular caracteriza nuestras actuaciones y las de nuestros políticos que, al fin y al cabo y lo queramos o no, son un reflejo de nuestro pueblo. Así pasamos de permitir en exceso a prohibir pasándonos cuatro pueblos.

En el caso de las detenciones y esposas, algo habrá que hacer para evitar un espectáculo que tiene algo de sacrificio romano en el circo de las fieras, de ensañamiento policial y judicial con personas que gozan de la presunción de inocencia, da igual del partido que sean y lo que hayan hecho, pues se trata siempre de delitos económicos y de personas que son muchas veces autoridades nombradas por el pueblo, como alcaldes o concejales, a las cuales se veja y se humilla de manera gratuita.

¿Es que no sería suficiente con mandarles una citación para declarar y luego adoptar las medidas oportunas?. Es que no es suficiente con que les acompañen dos fornidos policías bien armados que pueden decirle educadamente: “Está Ud. detenido, acompáñenos, por favor”. Hombre, si se resiste a la detención entonces estarían justificadas las esposas, pero de lo contrario, ¿qué justificación tiene ni siquiera su detención por delitos que a veces se desinflan como globos cuando se llega a la calificación de la causa? ¿Cómo se entiende que lleven a una persona que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, esposada ante un juez y luego resulta que éste lo deja en libertad sin cargos o con la sola obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes?

¿Quién está detrás de estas actuaciones exageradas y arbitrarias? ¿El ministro del Interior?, ¿el Comisario jefe del lugar? Pues sepan, señores, que esto no se hacía ni en tiempos de Franco. Y si existen razones políticas para violentar y humillar ante todos los ciudadanos a cualquier detenido no peligroso, debería de saberse y de corregirse. Entre otras cosas, porque, como se está viendo, les toca tanto a unos como a otros. He dicho.