LA JUSTICIA INJUSTA

El actual rifirrafe entre el PP y el PSOE por las detenciones de Palma de Mallorca, como consecuencia de las irregularidades descubiertas en la adjudicación y construcción del pabellón Palma Arena, dan pie para hacer una reflexión en torno al tema de las detenciones policiales en general y de la forma de actuar de nuestro jueces en estos casos.

Creo que fueron los Juzgados de lo central los que pusieron de moda lo que yo llamaría, la “detención exprés”. O el “detiene, que algo queda”. En paralelismo con el principio jurídico que tanto gusta a nuestra administración, “solve et repete” (paga y luego reclama) los jueces estrella de Madrid comenzaron ya hace años a ordenar espectaculares detenciones con multitud de medios a su servicio, prendiendo a supuestos delincuentes, que serían conducidos al todopoderoso Juzgado Central en Madrid, sin mayores explicaciones…simplemente para tomarles declaración y luego en muchos casos soltarlos sin cargos o con una obligación apud acta de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

Andando el sumario, en muchos de estos casos, en algunos de los cuales intervine personalmente como abogado, ni los detenidos habían cometido delito alguno, ni a veces existía tal delito, ni el fiscal los acusó, quedando solamente los perjudicados con el escozor de unas detenciones arbitrarias y humillantes y el golpetazo de unas medidas cautelares totalmente desproporcionadas e innecesarias.

En una ocasión defendí ante uno de los jueces estrella de Madrid al dueño de un restaurante, que fue detenido, esposado y conducido a Madrid por la Guardia Civil “como autor de un delito de narcotráfico” decía la disparatada providencia judicial, que incurría en el evidente error de no haber incluido la palabra mágica, es decir “presunto”.

Toda la culpa del buen hombre era haber tenido como cliente de su restaurante y huésped de un apartamento de su propiedad a un verdadero traficante, que luego fue condenado. Llegado a Madrid, el Juez lo soltó, con el consabido “apud acta” de los días 1 y 15 de cada mes. Cuando leí la causa, pude ver con sorpresa que no existía ni siquiera cualquier indicio contra él, hasta el punto de recomendarle incluso la presentación de una querella por prevaricación y detención ilegal contra aquél poderoso y prepotente juez. Efectivamente, el fiscal no acusó y la cosa quedó así, con el susto. Y el asunto pasó a engrosar la larga lista de las detenciones exageradas, indebidas e injustas, que se vienen practicando en este pais y de las que se podría escribir todo un tratado.

Pero si muchas detenciones que se practican por órden judicial son totalmente desproporcionadas, ya que bastaría con citar a la persona a declarar al Juzgado y ya habrá tiempo para detenerlo si es que hay motivos legales para ello, la forma en que se llevan a cabo no puede ser más arbitraria e incomprensible. En unos casos, se lleva con grilletes a los detenidos, que son personas totalmente pacíficas y conocidas a las que se imputan delitos económicos y que son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, es decir, que están en posesión de todos sus derechos fundamentales. Personas que no van a ofrecer resistencia, ni se van a escapar por no ir esposadas. En otro casos, sin embargo, como se pudo observar recientemente en unas detenciones de supuestos etarras, los policías acompañaban simplemente a los detenidos hasta el furgón policial, sin ponerles las esposas.

Creo que habría que regular legalmente de forma más ajustada este asunto y ordenar detenciones solamente en casos verdaderamente justificados en que exista verdadero peligro de fuga o de ocultamiento de pruebas. Y aun así solamente se debería de recurrir a la detención en casos de peligrosidad del delincuente y de delitos presuntos de gravedad evidente. En cuanto a las esposas, solamente se debería de usar en casos contados, pues suponen una humillación accesoria a la detención y resultan innecesarias en todos los supuestos de delitos económicos por ejemplo. Buena prueba de ello es que los Jueces y Tribunales ordenan quitarlas en juicio en cási todos los casos.

A la situación de alguien que se expone a ir a la cárcel por un proceso penal no es justo ni justificable que se le añada la pena social de ofrecerle ante los medios de comunicación como si fuera un individuo agresivo y peligroso, al que hay que conducir encadenado de pies y manos, como hacen en Norteamérica, dándo así la imagen no de un detenido sino de un condenado, que automáticamente va a ser sometido al linchamiento de la opinión pública, muy presta siempre a hacer astillas del árbol caido, sobre todo si se trata de un personaje poderoso.

Hagamos justicia justa y dejemos los espectáculos para el circo y el teatro.